La esclavitud, conocida también como secuestros y trabajo forzoso, continúa siendo una realidad en el Sudán, donde miles de personas esperan su liberación mientras siguen ocurriendo nuevos secuestros.

En una comunicación del Presidente del Comité para la Erradicación del Secuestro de Mujeres y Niños (CEAWC, por su sigla en inglés), a Anti-Slavery fechada el 30 de agosto de 2001, se señalaba que la cifra de secuestrados documentada por el CEAWC permanecía en tan sólo 1.200. Esta cifra representa únicamente un pequeño porcentaje del número total de personas que esperan su liberación, cifra que generalmente se estima entre 5.000 y 14.000¹. Lo anterior indica igualmente que la CEAWC no ha logrado progresos significativos durante 2001 en cuanto a identificar y liberar a las víctimas del secuestro y del trabajo forzoso.

Además, en octubre y noviembre de 2001, ONG del Sudán denunciaron que nuevos asaltos habían ocurrido en el norte de Bahr El Ghaza y que mujeres, niños y niñas se encontraban desaparecidos como consecuencia de los mismos. El 28 de marzo de 2002, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en el Sudán, Gerhart Baum, señaló: "Continúo recibiendo casos de asaltos seguidos de secuestros...". El Relator Especial apoya la idea de ejercer una vigilancia permanente en Bahr El Ghazal como medida encaminada a poner fin "a esta práctica infame que aún continúa".

Esta información confirma los temores de que el Gobierno no ha tomado las medidas adecuadas para poner fin a los asaltos y a la esclavitud.

No obstante, en enero de 2002 el Gobierno Sudanés expidió el Decreto 14/2002, que incluye medidas encaminadas a fortalecer al CEAWC, incluyendo que el CEAWC sea puesto directamente bajo la supervisión de la Oficina del Presidente y que se le proporcione una presidencia con dedicación exclusiva y los recursos apropiados. El antiguo director del CEAWC, Dr. Ahmed El-Mufti, fue nombrado nuevamente director del CEAWC.

De acuerdo con información suministrada al Relator Especial de las Naciones Unidas, el CEAWC tiene la intención de cumplir con su mandato y producir resultados concretos en un plazo de un año. Se ha organizado dos conferencias de reconciliación en Kordofan y Darfur, para resolver el problema de los secuestros de manera tradicional. Los procedimientos jurídicos se prevén únicamente como último recurso al concluir el período de un año.

Lo anterior no parece ser un punto de partida importante para el CEAWC, que no ha ejercido su mandato mediante enjuiciamientos. La opinión de Anti-Slavery es que ya es hora de que el Gobierno tome medidas urgentes para poner fin a la amnistía de facto para los responsables de secuestros o de retener a las víctimas del secuestro.

Es preciso que se condene claramente no sólo los secuestros, los plagios y el trabajo forzoso, sino también las "falsas adopciones", la servidumbre por deudas, el empleo de niños y de niñas lejos de sus hogares sin el consentimiento de su madre, su padre o su tutor, y la coacción o persuasión de niñas o mujeres para contraer matrimonio mientras se les mantiene en la ignorancia acerca de sus orígenes o de sus derechos.

También es preciso que el Gobierno promulgue o modifique las leyes, de tal manera que se garantice que todas estas prácticas sean prohibidas y que las sanciones sean proporcionales a las violaciones de los derechos humanos cometidas. Si bien el Gobierno señala correctamente que de conformidad con el Artículo 162 del Código Penal el secuestro es sancionable con 10 años de prisión, actualmente la sanción por la imposición de trabajo forzoso es de un año de prisión. Es preciso imponer sanciones adecuadas contra la utilización de trabajo forzoso que se apliquen estrictamente, puesto que el no hacerlo tendrá como efecto que se dé estímulo a más secuestros.

Las declaraciones del Presidente al Bashir, que desestiman las denuncias de casos de esclavitud en el Sudán, tildándolas de "simple propaganda de los medios de difusión" (enero de 2002) y la descripción que el Dr. El-Mufti hace de la esclavitud en el Sudán, llamándola "una aseveración sin fundamento" (abril de 2002) producen el funesto efecto de indicar que el Gobierno no considera que la práctica del secuestro y del trabajo forzoso sea un problema grave del Sudán y menos aún una prioridad que exige medidas.

Un hecho relacionado con lo anterior fue la detención de Nhial Bol, subdirector del diario independiente Khartoum Monitor, el 15 de enero de 2002. A Bol se le condenó posteriormente por "propagación de noticias falsas" y se le sentenció a seis meses de prisión a menos que pagara una multa de cinco millones de libras sudanesas (1.933 dólares de EE.UU.). Bol fue puesto en libertad el 17 de enero, después de que sus colegas del Khartoum Monitor pagaran la multa. Al propio Khartoum Monitor se le ha impuesto una multa de 15 millones de libras sudanesas (5.799 dólares de EE.UU.) y se le ha amenazado con confiscar sus activos en caso de no pagar la multa.

El artículo en cuestión acusa al Gobierno de facilitar la esclavitud por no impedir las acciones de los asaltantes, que según el diario estaban esclavizando a mujeres, niños y niñas en el sur del país y que viajaban en trenes de propiedad del Gobierno. El hecho de que el tren armado que viaja entre Wau y Babanusa ha sido utilizado por milicias apoyadas por el Gobierno para perpetrar asaltos y secuestros durante varios años es un hecho del conocimiento público. Por ejemplo, en abril de 2002, la Resolución de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en el Sudán (E/CN.4/2002/L.27) instó al Gobierno del Sudán a "tomar mayores medidas para erradicar la práctica (de los secuestros), particularmente en aquellos casos relacionados con el paso del tren del Gobierno por Bahr al Ghazal".

En consecuencia, Anti-Slavery está conmocionada por la detención y condena de este periodista por publicar información que ya es del conocimiento público y bien conocida por las autoridades. El castigo impuesto a Nhial Bol y al Khartoum Monitor es una abierta violación del derecho a la libertad de expresión, que indica que al Gobierno le interesa más enjuiciar a quienes expresan su preocupación por la práctica de la esclavitud que a los propios responsables de los secuestros.

Durante el mismo mes en que se procesó a Bol, el Gobierno sudanés se mostró de acuerdo con el senador estadounidense John Danforth en que la cuestión de "la esclavitud, los secuestros y la servidumbre forzosa" debería ser una de cuatro cuestiones que tendrían que constituir el tema de medidas para 'fortalecer la confianza' en el Sudán con antelación a cualesquiera negociaciones de paz.

La iniciativa de EE.UU. para investigar la esclavitud, los secuestros y la servidumbre forzosa seguramente hará uso de un equipo técnico que apoye las visitas de campo efectuadas por comisionados de vigilancia. El 8 de abril de 2002, una comisión internacional de indagación encabezada por EE.UU. arribó a Jartún para iniciar la investigación.

El apoyo del Gobierno sudanés a estas iniciativas de EE.UU. será recibido con beneplácito al igual que su compromiso de fortalecer y apoyar la labor del CEAWC. No obstante, es necesario subrayar que, hasta el momento, el CEAWC no ha formado parte de una política sistemática para impedir que ocurran mayores incidentes de secuestro o para garantizar el enjuiciamiento de los responsables de estas violaciones de los derechos humanos. Por consiguiente, Anti-Slavery International recomienda que el Gobierno del Sudán:

1. Declare públicamente que los secuestros y todas las prácticas relacionadas con los mismos son ilícitos, que efectúe las modificaciones legislativas pertinentes y que aplique eficazmente las leyes. Es preciso dar prioridad al enjuiciamiento de todos aquellos responsables de nuevos secuestros.

2. Proporcione al Grupo de Trabajo información detallada sobre las acciones emprendidas para prevenir nuevos secuestros, así como detalles del número de personas acusadas y enjuiciadas, incluyendo las condenas impuestas por perpetrar secuestros e imponer trabajos forzosos.

3. Garantizar que las mujeres secuestradas a quienes posteriormente se obligue a casarse reciban información completa acerca de sus opciones, en un ambiente neutral, para permitirles decidir libremente si desean permanecer con sus esposos o marcharse. En el caso de los niños y las niñas que han sido asimilados por hogares particulares, es preciso que el interés superior del niño o de la niña constituya el criterio principal para decidir acerca de su futuro.

4. Proporcionar al CEAWC los fondos, los recursos, el personal y el apoyo político apropiados, para garantizar que pueda desempeñar eficazmente su labor.